July, 1999
Como violación al Derecho internacional y a la Constitución Nacional, el Consejo Regional Indígena del Cauca, interpreta las aciones y políticas que el Gobierno del Presidente Pastrana viene adelantando en territorios indígenas.
Apenas habían transcurrido 5 horas de haberse concretado el Acuerdo entre el Gobierno nacional y el Congreso Extraordinario indígena del Cauca, cuando fue baleado, según versiones, por el ejercito colombiano uno de los tres camiones que transportaba personal que había participado en el Congreso Extraordinario indígena cuando regresaba a sus sitios de origen, muriendo una joven de 17 años, resultando además dos personas heridas y colocando en riesgo a mas de 40 personas que se transportaba en el vehículo atacado.
Al día siguiente de firmado el Decreto Presidencial No. 982, el Gobierno Nacional ordenó, de forma inconsulta con nuestras comunidades, dar inicio a las jornadas de fumigación aérea en los territorios indígenas yanaconas, ubicados al sur del departamento, desconociendo que el Estado colombiano mantiene vigente el Acuerdo de Jambaló, ratificado mediante el Convenio de la María Piendamó, que se refiere al tema de sustitución de cultivos ilícitos por proyectos productivos apoyados por el gobierno Nacional.
La falta de coherencia y de verdadera planeación del gobierno Central se demuestra con la forma como tomó la decisión de afectar el proceso de reconstrucción de Tierradentro. Con este hecho se resta seriedad al compromiso firmado por el Presidente Pastrana y sus ministros, en el Decreto 982, para atender la emergencia social, cultural y económica, decretada por el Congreso Extraordinario Indígena del Cauca, realizado en el resguardo guambiano de la María Piendamó entre el 30 de mayo y el 11 de junio del presente año.
El día 7 de julio, fueron ametrallados por dos helicópteros, los alrededores del sitio donde se encontraban reunidos los gobernadores de cabildos indígenas del norte del departamento con los programas de la ACIN y la comunidad de Las Delicias, Buenos Aires, analizando los temas del Decreto Presidencial 982, emitido para atender la emergencia Social, Cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca, poniendo en peligro la vida de las autoridades tradicionales indígenas y la comunidad allí congregada.
Como se puede observar, los puntos 1 y 4 son muestra clara de la violación al Derecho Internacional Humanitario, pues hay agresión a la población civil por parte de actores armados, en este caso por parte del mismo Estado colombiano. De igual forma las determinaciones gubernamentales narradas en los puntos 2 y 3 muestran que el Ejecutivo Nacional, mantiene un desconocimiento general de los asuntos indígenas, pues no solo incumple lo pactado por sus instituciones con nuestras autoridades tradicionales, sino que niega los avances jurídicos y sociales establecidos en la Carta Constitucional y los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano con las naciones del mundo, como el convenio de la Organización Internacional del trabajo, OIT, ratificado en nuestro país por medio de la ley 21 de 1991.
En consecuencia, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, rechaza la política y las acciones gubernamentales adelantadas en territorios indígenas del Cauca y reclama del Estado colombiano respeto al Derecho Internacional Humanitario, así como mayor coherencia en la aplicación de la normatividad del país, de forma tal que se respeten los derechos históricos fundamentales de los pueblos indígenas, principalmente aquellos referidos a la autonomía territorial, la consulta a nuestras autoridades sobre toda acción gubernamental que afecte a nuestras comunidades y a la garantía de la vida y la paz como derechos de obligatorio cumplimiento.
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA (CRIC)
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