Noviembre, 1999
Más de 40 mil campesinos, indígenas y comunidad negra de los departamentos del Cauca y Norte de Nariño permanecen bloqueando la Vía Panamericana en Galíndez el Pilón al sur del Cauca y en el Cairo zona Central del Departamento.
El 20 de agosto de 1991, más de 20 mil campesinos permanecieron en la Vía Panamericana exigiendo al gobierno nacional definición a los diversos problemas del orden social principalmente referidos a la situación agraria de los municipios de Sotará, La Vega, San Sebastían, La Sierra, Piamonte, Timbío, Rosas, Almaguer, Santa Rosa, Bolívar, Florencia, Mercaderes y Balboa al sur del departamento, zona conocida como MACIZO COLOMBIANO; El Tambo, Cajibío y Morales al occidente; Silvia, Caldono y Totoró al nororiente y Suárez al norte.
La presión social logró que el gobierno nacional se comprometiera con un pliego que recogía las aspiraciones del sector movilizado, el cual debió cumplirse en un período no mayor de cuatro años.
En Noviembre de 1996 se realizó una segunda movilización que tuvo por objeto reclamar por los acuerdos incumplidos por parte del Estado colombiano y la presentación de un Plan de Desarrollo que contenía los siguientes propósitos:
Un Plan de Ordenamiento Ambiental
Un Plan Productivo Sostenible e Integral
Un Plan para la Convivencia
Un Plan de Ciencia y Tecnología
Aspiración acogida por el gobierno nacional y departamental a través de un acuerdo DEL LA SEGUNDA MOVILIZACION DEL MACIZO Y EL SUR DEL CAUCA e incluida en el CONPES Nacional. Sin embargo, no ha habido cumplimiento a lo pactado y por el contrario el gobierno de forma irresponsable los ha desconocido en sus planes de desarrollo y en los presupuestos institucionales agravando la crisis social, económica y de derechos humanos que afectan la vida de la población de esta olvidada región de este país.
Teniendo en cuenta que el gobierno nacional hizo caso omiso a las diferentes iniciativas presentadas por las organizaciones campesinas e indígenas de los municipios arriba mencionados, a través de comunicados, comisiones a Santafé de Bogotá que se reunieron insistentemente con instituciones compromisarias de los acuerdos; las comunidades resolvieron usar las vías de hecho para forzar una verdadera interlocución con el gobierno central y lograr mecanismos ágiles que resuelvan la crisis del sector del suroccidente colombiano y como contribución a un proceso de paz y convivencia desde los sectores sociales.
El día primero de noviembre comenzó la concentración social de las comunidades campesinas, indígenas y negras para exigir la presencia de una comisión con capacidad de negociación como condición para la apertura de la vía. Concentración que intentó ser desalojada por la fuerza pública y que en su acción destruyó carpas, alimentos, medicamentos y dejó personas heridas. En su reacción la comunidad retuvo do agentes de policía los cuales fueron canjeados por dos campesinos detenidos por la fuerza pública.
Sólo hasta el cuarto día hubo respuesta del gobierno nacional a través de una comisión de bajo perfil y sin capacidad de decisión por lo cual los manifestantes se reafirmaron en su protesta, encontrando eco en los sectores sociales: maestros, colonias residentes en Popayán, estudiantes universitarios, artistas, agremiaciones, Organizaciones no gubernamentales y la Iglesia; que en solidaridad se han tomado algunas alcaldías del norte del Nariño y sur del Cauca, han recolectado alimentos, medicinas, ropa y carpas. Destacamos que la fuerza pública ha entorpecido el paso de las ayudas.
El día nueve de noviembre, en el centro de retiros las Bethlemitas, se dio inicio a un proceso de concertación con una delegación del gobierno central con una propuesta de trabajo que desatendió la agenda inicial de negociación, situación por la cual se tuvo que concertar una nueva agenda y metodología a partir de propuestas de negociación global.
Las discusiones de la Comisión Negociadora se han centrado en propuestas de la movilización que ascienden a 800 mil millones de pesos y contrapropuestas del gobierno nacional que no supera el 5% de las peticiones de los marchantes.
La mesa negociadora y la delegación del gobierno coordinada por el Viceministro del Interior, con la presencia del Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo teniendo en cuenta la dificultad para concretar recursos que permitan dar solución a lo exigido, decidieron hacer un receso dejando la intención de consultar con las partes los procedimientos pertinentes para un acuerdo definitivo.
Las exigencias del movimiento social se basa en los siguientes puntos:
Cumplimiento a las obligaciones estatales referidos a los derechos fundamentales: salud, educación, medio ambiente, derechos humanos, vivienda.
Cumplimiento a las obligaciones contraidas en los acuerdos de 1991 y 1996 que ascienden a 500 mil millones de pesos.
Solución a las necesidades actuales cuyos proyectos tienen un costo aproximado de 800 mil millones de pesos.
Así mismo la comisión negociadora exige que la delegación del gobierno esté integrada por el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y el Director de Planeación Nacional quienes son los que tienen conocimiento y decisión sobre los recursos a comprometer y procedimientos para su cumplimiento.
Las organizaciones movilizadas y as solidarias con este movimiento convocamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, de Cooperación al Desarrollo y de Solidaridad Internacional para que dirijan mensajes de apoyo al Movimiento Social del Suroccidente colombiano y requerimientos al gobierno nacional en los siguientes términos:
Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
Santafé de Bogotá D.C.
Colombia
Sur América
Respetado señor Presidente:
Conocedores de la situación que se vive en el Suroccidente colombiano y teniendo en cuenta las proporciones que ha alcanzado el conflicto social en esa región de su país, acogidos al contenido de los pactos y convenios internacionales suscritos por su país para el respecto y la defensa de los Derechos Humanos Sociales, Económicos y Culturales de los pueblos, en solidaridad con las voces del suroccidente colombiano haciendo nuestras sus peticiones solicitamos:
Enviar una delegación del gobierno nacional integrada por el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y el Director de Planeación Nacional principalmente.
Garantizar el respeto a la vida y la integridad de los pueblos movilizados.
Dar cumplimiento a las obligaciones estatales referidas a los derechos fundamentales: salud, educación, medio ambiente, derechos humanos, vivienda.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraidas en los acuerdos de 1991 y 1996 que ascienden a 500 mil millones de pesos.
Dar solución a las necesidades actuales cuyos proyectos tienen un costo aproximado de 800 mil millones de pesos.
(Firmado por la Organización solidaria que los suscribe)
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