CONTINUA EL EXTERMINIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA, CON LA PLENA TOLERANCIA DEL GOBIERNO DE URIBE VÉLEZ.
La Corporación Reiniciar denuncia ante la opinión pública nacional e internacional el exterminio sistemático al que siguen siendo sometidos, aún hoy, los pueblos indígenas en Colombia, en la mayoría de casos a manos de grupos paramilitares y con la plena aquiescencia del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
En un país azotado por un conflicto armado interno que dura ya más de cuatro décadas, los indígenas siguen siendo uno de los colectivos más atropellados por el abandono estatal y por la violencia y la exclusión de la clase política: éstas han sido y son, en realidad, los causantes de su extrema pobreza.
A pesar de que, paradójicamente, la actual Constitución Política de Colombia es ejemplar -sobre el papel- en cuanto a derechos de los indígenas, basten dos escalofriantes datos para ilustrar la verdadera realidad de estos pueblos: durante el año 2002 fueron registrados 127 asesinatos de indígenas en Colombia, mientras que 12.800 de ellos sufrieron desplazamiento forzado. En los primeros seis meses del presente año, la cifra de indígenas asesinados ha sido de 54.
En este contexto queremos denunciar el asesinato, a manos de paramilitares, del chamán indígena paéz Moisés Corpus el pasado lunes 11 de agosto y la situación de desplazamiento forzado que viene soportando la comunidad indígena de los guahíbos, en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela), desde el pasado mes de abril, sobreviviendo en condiciones inhumanas tanto físicas como psíquicas.
Moisés Corpus, que además de médico de su resguardo indígena era uno de los líderes de la etnia colombiana paéz asentada en el departamento del Meta, fue asesinado mientras viajaba entre los municipios de Mesetas y Villavicencio (departamento del Meta). Con este crimen, los 320 indígenas paeces del cabildo Ondas del Cafre -una tercera parte de los cuales son niños- se han quedado sin asistencia médica, puesto que Moisés no había traspasado todavía sus conocimientos de medicina tradicional indígena a ningún sucesor.
El pasado 11 de agosto, Moisés Corpus se dispuso a viajar desde Mesetas –municipio al cual pertenece el resguardo indígena en el que vivía junto a su familia- hasta Villavicencio, acompañado de seis miembros de su mismo cabildo indígena. Cuando los siete paeces iban a abordar el autobús, se les acercó un paramilitar que, tras identificarse como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), les pidió que le mostraran sus cédulas de ciudadanía. Tras mostrárselas, los indígenas subieron al transporte y partieron para Villavicencio. A mitad de camino, un retén del Ejército les obligó de nuevo a bajar del bus y a identificarse. Una vez de nuevo en camino, otro retén, esta vez paramilitar, volvió a interrumpir el viaje. Este retén estaba ubicado tan sólo a dos kilómetros del anterior del Ejército, en la misma carretera principal. La mujer y el hombre de las AUC que lo integraban obligaron a los pasajeros a descender apuntándoles con sus armas y los conminaron a mostrarles las respectivas cédulas. Cuando Moisés Corpus les mostró la suya, la respuesta de los paramilitares fue: "este es el auxiliador de la guerrilla que estamos buscando" y, sin añadir nada más, el hombre le disparó tres tiros en el pecho. No contento con ello, volvió a disparar sobre la cabeza de Moisés cuando este yacía agonizante en el asfalto. Tras el asesinato, el paramilitar se dirigió agresivamente a los pasajeros -entre los que se hallaba Dilio, un hijo del fallecido que tuvo que presenciar estos terribles hechos- y les gritó que subieran inmediatamente al bus y se fueran de allá si no querían que les pasara lo mismo que a Moisés.
El cadáver del chamán paéz quedó tirado a un lado de la carretera y no pudo ser recogido por sus familiares hasta el día siguiente. Ningún organismo estatal acudió a socorrer a la familia Corpus en su drama: sólo lo hizo la Cruz Roja Internacional, a instancias del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta.
El asesinato de Moisés Corpus, de 53 años, tomó absolutamente por sorpresa a todo el mundo, pues ni él ni su entorno habían recibido jamás ni directa ni indirectamente ningún tipo de amenazas.
El sr.Corpus pertenecía a la Junta Directiva de la Entidad Promotora de Salud (EPS) "Tayrona", que presta el servicio de Salud a población indígena –mayoritariamente- de los departamentos del Meta y la Orinoquia colombiana. Moisés era el médico de Medicina Tradicional de los afiliados indígenas de esta EPS.
Desde muy joven recogió los conocimientos ancestrales sobre Medicina Tradicional que su etnia había ido heredando de generación en generación desde hace siglos. Moisés aprendió sus conocimientos de su tío, Marcelino Corpus, que entonces era el chamán del cabildo en el que Moisés nació y creció, en el departamento del Cauca, al oeste del país. De allí llegó, hace veinte años, el grupo de paeces que actualmente vive en el cabildo Ondas del Cafre, huyendo de la pobreza, la hambruna y el abandono estatal que, desgraciadamente, sigue vigente. Por esa razón, Moisés impulsó el proyecto de las llamadas Casas de Salud Indígenas –donde se presta servicio de Medicina Tradicional a los indígenas de la zona- dos de las cuales ya son una realidad en los cabildos Ondas del Cafre y Villa Lucía.
Con este absurdo asesinato –contaban ayer médicos occidentales, compañeros suyos de la EPS "Tayrona"- se interrumpen siglos de sabiduría en medicina ancestral de los indígenas paeces, siglos de experimentación y curación con plantas. Moisés, que estaba empezando a traspasar su ciencia a su hija Yenny, de 18 años, no llegó, a pesar de su intuición, a prever semejante crueldad en el género humano.
Además del colectivo de los paceces, también están sufriendo asesinatos y desplazamientos los indígenas guahíbos, que vivían hasta hace unos meses en sus cabildos del departamento de Arauca. Estos cabildos están ubicados en Betoyes, un municipio en el que, desde el pasado mes de abril, Ejército y guerrilla han venido sosteniendo violentos combates. Tanto es así que la mayoría de los indígenas tuvieron que dejar sus resguardos y, prácticamente de la noche al día, sin poder siquiera llevarse sus pertenenecias y sus animales consigo, se vieron obligados a desplazarse hasta lugares más seguros, como los caseríos cercanos de Floramarillo y Santo Domingo (pertenecientes al municipio de Tame). Pero tampoco allí estaban seguros: a finales de abril un grupo de soldados del Ejército que lucía bracaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se presentaron en Santo Domingo, en el lugar donde estaba desplazado un grupo de guahíbos, y se identificaron como paramilitares. El mensaje que les dejaron era claro: tenían que irse de allá quisieran o no. Para dar prueba de hasta dónde puede llegar su crueldad, los supuestos paramilitares golpearon a numerosos indígenas y violaron y asesinaron a cuatro jóvenes, ante la mirada atónita del resto de sus compañeros. El caso fue especialmente dramático porque una de estas muchachas estaba embarazada y, tras matarla, los militares le sacaron el bebé del vientre, lo despedazaron y lo echaron al río dentro de una bolsa plástica.
Los guahíbos se cansaron de pedirle al Gobierno que les garantizara su retorno a los cabildos de Betoyes y que lo hiciera, además, con plenas garantías para sus vidas. Pero en vista del silencio estatal como respuesta a sus legítimas reivindicaciones, 327 de ellos decidieron tomarse la iglesia del municipio araucano de Saravena en el mes de mayo. El templo quedó convertido en un pequeño campo de concentración, con bebés hambrientos llorando tirados por el piso y niños y niñas desnudos o vestidos con harapos buscando con la mirada perdida a sus mamás, ya que algunas de ellas no pudieron salir a tiempo de los bombardeos. El Gobierno cerró los ojos de nuevo a este drama de los otros colombianos y sólo pensó en acallar ese llanto enviando alimentos y algunos elementos de higiene personal a Saravena, a través de las Red de Solidaridad Social y de Bienestar Familiar. Pero la solución de fondo sigue sin llegar para los guahíbos: pasados más de cuatro meses de su huída del fuego cruzado y a pesar de que, finalmente, se conformó una Comisión gubernamental de Seguimiento de este caso, los guahíbos siguen sin poder retornar a sus resguardos. La Comisión sólo sirvió para que los guahíbos quedaran acampados provisionalmente en el caserío de Floramarillo, donde permanecen en la actualidad, lejos de sus tierras y sus animales, sin Educación para sus hijos y con los medicamentos que, ocasionalmente, les llegan de aquí y de allá. Y sirvió, además, para otra cosa: los guahíbos, confiando una vez más en su enemigo de siglos, terminaron con la toma de la iglesia de Saravena, tal como quiso el Gobierno desde el principio, presionado por la opinión pública.
Bogotá, agosto 22 de 2003.