ACCION URGENTE
CONTINUA SISTEMATICA PERSECUCIÓN CONTRA LA ACVC:
CRIMINALIZADA ACCIÓN HUMANITARIA DE LA ACVC Y ECAP
El día de hoy 9 de octubre, ha sido allanada la sede de la
Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra en la ciudad
de Barrancabermeja. Efectivos del Ejercito Nacional, Das y
miembros de la Fiscalía, a las 3.00 de la madrugada,
registraron archivos, documentos, y fotografiaron un álbum que
contenía fotos donde aparecen miembros directivos y afiliados
de la ACVC, al igual que el pasaporte perteneciente a Miguel
Cifuentes Ardila miembro directivo de esta organización,
llevándose varios videos institucionales.
Los familiares del señor NELSON GABRIEL BALLESTEROS quien
perdiera la vida en una vereda del Valle del río Cimitarra, el día
8 de octubre en las horas de la mañana solicitaron a la ACVC
apoyo humanitario para la salida del cadáver de la región.
La ACVC prestó la ayuda humanitaria a esta familia,
consistente en el acompañamiento dentro de la zona rural y en
los trámites legales ante Medicina Legal en el municipio de
Yondó.
Para el desarrollo de dicha acción humanitaria y debido a la
crítica situación de seguridad de que es objeto la región que
constantemente sufre operativos militares e incursiones
paramilitares, la ACVC, generalmente se hace acompañar
como una medida de protección, de miembros de Equipos
Cristianos de Acción por la Paz -ECAP-, en esta ocasión de los
ciudadanos estadounidenses LISA MERTENS, BENJAMÍN HORST.
Hacia las 7.30pm del mismo día, el cadáver del señor NELSON
GABRIEL BALLESTEROS fue dejado en la morgue de Yondó y
posteriormente, los familiares y miembros de ECAP se
dirigieron hacia la sede de la ACVC en la ciudad de
Barrancabermeja, donde fueron abordados por miembros del
Ejercito Nacional que retuvieron a los ciudadanos
Estadounidenses por el desarrollo de esta acción humanitaria.
El día de hoy ellos han sido informados de que serán
deportados.
Hay que señalar que estos hechos se registran a un día de
llevarse a cabo la Comisión de Verificación y Seguimiento a los
hechos ocurridos en la vereda de Yanacué, (afiliada a la acvc)
jurisdicción del municipio de Cantagallo, -conformada por
Organismos de Control del Estado, ONGs y Organizaciones
Internacionales-, en donde el día 23 de septiembre a las 5.30
a.m., miembros del Batallón Nueva Granada con sede en la
ciudad de Barrancabermeja, rodearon y dispararon
injustificadamente contra una vivienda campesina, siendo con
esto asesinado al niño de tan solo 9 años Nelson Alirio
Hernández , el señor Florentino Castellanos Zetuain de 37 años
e hiriendo gravemente a la señora Mongui Hernández Jerez
madre del niño, lo que obligó a la amputación de una de sus
piernas.
Repudiamos este nuevo ataque contra el accionar Social y
Humanitario de la ACVC, el cual se une a la cadena de
Estigmatización y Señalamientos de que viene siendo objeto
sistemáticamente por parte de Autoridades Civiles y Militares
de la región, estas acciones han sido denunciadas en nuestros
comunicados a la opinión publica nacional e internacional y
notificadas a las Autoridades correspondientes.
El ataque y criminalización de la acción humanitaria esta
amparada por las ilimitadas facultades otorgadas a la Fuerza
Pública por el gobierno en el marco de las medidas de
Conmoción Interior que facilitan estos y otros atropellos y
violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Exigencias
1. Al Presidente de la República Alvaro Uribe Veléz,
como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, ejercer control
sobre sus mandos militares, especialmente sobre el
comandante del Especial Batallón Vial y Energético No.7 ,
quien con frecuencia ha hecho señalamientos contra la ACVC
de ser auxiliadores de la insurgencia , con las consecuencias de
seguridad que estas afirmaciones tienen en la actual coyuntura
de nuestro país.
2. A la Procuraduría General de la Nación informe a la
opinión pública cuales han sido las medidas de control de esta
acción de la Fuerza Pública contra la ACVC.
A las organizaciones internacionales:
1. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA, solicitamos exigir garantías al Estado Colombiano
para los miembros de la ACVC, quienes cuentan con medidas
cautelares, decretadas por esta instancia desde 1998 hasta la
fecha.
2. A la Oficina en Colombia de la ONU, le solicitamos
estar alerta por la situación de estos defensores de Derechos
Humanos, especialmente informar de esta a situación a la
Relatora Especial para Defensores, señora Hina Jilani.
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA -
ACVC.