Preparado por Comité Permanente para la Defensa de los
Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez"
Antioquia es uno de los departamentos de Colombia, que se caracteriza por registrar una de las situaciones más graves en derechos humanos y por ser epicentro de la actividad de los grupos paramilitares en contra de la población civil mediante diversos actos de barbarie.
En el oriente de Antioquia se encuentran las centrales hidroeléctricas que abastecen más del 30% de la demanda de energía eléctrica del país, razón por la cual permanentemente hay presencia militar en la zona, tendiente a mantener el control de la misma, debido a que de tiempo atrás hacen presencia en la región grupos guerrilleros como el ELN y las FARC.
Con la disculpa del combate a estos grupos, el Ejército y los paramilitares realizan todo tipo de control sobre la población civil, con el fin de impedir el supuesto apoyo que ésta pueda brindar a la guerrilla.
El Ejército realiza abiertamente control sobre la movilización de campesinos y sobre los alimentos que ingresan y salen de las diferentes regiones, y apoya y participa de las acciones ilegales que realizan los paramilitares en contra de las poblaciones rurales.
En la segunda semana del mes de junio del año en curso, los paramilitares realizaron un recorrido por la zona de San Carlos y dejaron enlutadas 12 familias. Nuevamente el 12 de agosto, incursionaron en la zona urbana de ese municipio y asesinaron otras 6 personas. Las víctimas hacían parte de organizaciones comunitarias de la localidad. Estos hechos se suman a una masacre realizada el 24 de octubre de 1998, en la que murieron 12 campesinos.
En el Carmen de Viboral fueron asesinados el 7 de abril del año en curso, tres campesinos.
En el mes de enero 1999, los paramilitares instalaron retenes al ingreso de la Comunidad de Paz de Apartadó, registraron vehículos y personas, controlaron el ingreso de alimentos, amenazaron a la población y custionaron la neutralidad de la Comunidad frente a los actores del conflicto armado.
Nuevamente el 5 de abril los paramilitares incursionaron en San José de Apartadó y fueron asesinadas tres personas de la Comunidad de Paz y tres más resultaron heridas. Hasta esa fecha eran ya 52 las personas asesinadas desde la declaratoria de Comunidad de Paz desde 1997.
El 10 de enero, el Alcalde de Apartadó, denunció que los grupos paramilitares que actuan en la zona de Urabá, tienen una lista de 100 personas sobres las cuales pesa amenaza de muerte y que en un mensaje dirigido a él por las Autodefensas Campesinas de Cordoba y Urabá, le advirtieron que tenga listo 100 ataudes, porque la guerra vá a seguir. (Periódico El Espectador 11 de enero de 1999).
Operativos similares, en los que el Ejército Nacional o la Policía se retiran de sus puestos de control y seguidamente aparecen paramilitares para atacar a la población civil, se presentan en todo el departamento de Antioquia.
Por lo regular, no se realiza diligencia judicial de levantamiento de los cadáveres en el lugar de los hechos, sino que las víctimas son llevadas a los hospitales municipales en donde los Inspectores de Policía realizan el procedimiento sin preocuparse siquiera por las circunstancias más preponderantes en que ocurrieron los mismos. De esta manera se da inicio a una cadena de omisiones y complicidades de la que finalmente resulta la impunidad total respecto a las violaciones a los derechos humanos
Los grupos de investigadores que son enviados desde Medellín a las regiones a recoger prueba sobre las acciones de los paramilitares, o son asesinados o regresan a Medellín con el mensaje del jefe paramilitar respectivo, en el sentido de que mejor no se metan a investigarlos, ya que sus acciones no son contra las instituciones. Sea como sea, los pocos investigadores dispuestos a recopilar prueba, no encuentran apoyo para su tarea en los miembros de la Policía en los perímetros urbanos, o del Ejército en la zona rural, en Regiones fuertemente controlados por las Fuerzas Armadas como lo señalamos inicialmente. Tal situación es solo una prueba más de la íntima relación existente entre sectores del Ejército Nacional y los paramilitares.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, afirma que en 1998 llegaron a la ciudad de Medellín, 2.600 familias con 12.840 personas, ingresando un promedio de 35 personas desplazadas por día. De acuerdo al último censo de la Iglesia, en Medellín existen 7.000 familias con unas 30.000 personas ubicadas en su mayoría en los 32 asentamientos, en zonas de alto riesgo, soportando absoluta carencia de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, atención en salud, educación y empleo.
Las condiciones en que se encuentran los desplazados en la ciudad de Medellín son lamentables. La principal y prácticamente única fuente de empleo de las familias desplazadas, constituida por las ventas callejeras informales, ha sido prohibida contundentemente y reprimida en forma violenta por parte de las autoridades municipales, con el apoyo de las asociaciones CONVIVIR del centro de la ciudad.
El Alcalde ha sido reiterativo en sus planes de embellecimiento de la ciudad, manteniendo una actitud insolente frente a la problemática de los desplazados.
Según declaraciones hechas a los medios de comunicación el 15 de abril del año en curso, por parte de la encargada del programa de atención a los desplazados de la Gobernación de Antioquia, el apoyo está restringido a un pasaje y un refrigerio para el retorno al lugar de origen.
A ésta situación se suma la persecución a la que son sometidos los líderes cívicos de los desplazados, que han sufrido detenciones, torturas y desapariciones, sólo por el hecho de representar sus comunidades ante las autoridades municipales y departamentales, demandando solución a su problema. Según el Comité de Desplazados del asentamiento "El Pinar" ubicado en las afueras de Medellín, en los 3 años de existencia del asentamiento, han sido asesinadas y desaparecidas alrededor de 200 personas.
Según informe de la Defensoría del Pueblo de Antioquia, durante 1998 se inscribieron los nombres de 268 personas como desaparecidas de manera forzada en el departamento. Por su parte el Instituto Popular de Capacitación IPC, sostiene que en los últimos 3 anos en Antioquia, hay 547 personas desaparecidas. A ello se debe sumar las 37 denuncias que se han presentado hasta el mes de abril de 1999.
Las comunidades indígenas han sido durantemente afectadas por las incursiones paramilitares en sus territorios. Ahora, como nunca había ocurrido, los indígenas se desplazan a las ciudades principales y se ven avocados a la mendicidad. En Medellín se ven diariamente familias completas con sus hijos en las calles, sin ninguna alternativa de vivienda y trabajo.
Según denunció la Organización Indígena de Antioquia OIA, el 20 de julio de 1999 los grupos paramilitares le dieron plazo perentorio a las comunidades indígenas ubicadas entre el Río Sucio y Jimiaguandó (municipios de Riosucio y Mutatá en el departamento de Antioquia), para desocupar completamente la zona.
En el departamento de Córdoba la comunidad indigena Embera ha sido sometida a una permanente represión que busca despojarla de sus territorios. Grupos paramilitares han amenazado a los indígenas y han asesinado a sus líderes como respuesta a la lucha que esta comunidad libra por defender sus derechos frente a los enormes perjuicios ocasionados por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá.
Dos mil quinientos miembros de la comunidad Embera (Katios) en el Departamento de Córdoba solicitaron asilo político al gobierno Espanol, el 29 de abril de 1999, luego de recibir amenazas contra sus vidas por parte de grupos paramilitares que quieren obligarlos a abandonar sus territorios tradicionales en las riberas del río Sinú, donde se desarrolla el proyecto hidroeléctrico Urrá.
En julio de 1998, un comando de paramilitares retuvo a 10 líderes de la comunidad y los amenazó con futuras masacres en contra de la comunidad; el 25 de agosto asesinaron a Alonso Domico y amenazaron a otros 4 líderes; el 31 de enero de éste ano retuvieron aproximadamente a 40 personas en un retén y acribillaron a Alejandro Domico; en la zona urbana de Tierra Alta, el 23 de abril asesinaron a Lucindo Domico.
En el departamento de Córdoba en límites con Antioquia, en el caserío de Saiza, la comunidad indígena de Zorando fue amenazada de exterminio por un grupo paramilitar que ordenó el desalojo de los territorios ubicados en la zona del Alto Sinú, de influencia de la hidroeléctrica Urrá.
La protesta estudiantil contra el recorte de presupuesto a los centros educativos oficiales, ha sido duramente reprimida en la ciudad de Medellín durante el transcurso del ano 1999.
En varias oportunidades los líderes estudiantiles de diferentes Universidades fueron retenidos por las autoridades de Policía, intentando elevar cargos en su contra por el delito de terrorismo, sin lograr que dicha pretensión se concretara judicialmente.
En la Universidad de Antioquia principal centro educativo oficial del departamento, con aproximadamente 20.000 estudiantes, durante el último semestre hizo su aparición un grupo de paramilitares denominado Autodefensas Universidad de Antioquia, que amenazó con el asesinato de sus miembros a la organización TALIBER (corporación que trabaja por los derechos de los presos, en coordinación con la Facultad de Derecho de dicha universidad), a dos profesores, a 47 estudiantes y a las Juntas Directivas de todas las organizaciones de profesores, trabajadores y empleados.
El 4 de mayo de éste año, el profesor Hernán Henao Delgado, Director del Instituto de Estudios Regionales, fue asesinado en su oficina al interior de las instalaciones de la Universidad.
Igualmente asesinaron al administrador de la cafetería de la Facultad de Derecho y a uno de los líderes estudiantiles amenazados cuando salía de la Universidad.
Actualmente, la Universidad de Antioquia se encuentra exiliada entre sus propias paredes, ya que se ha impuesto un régimen de terror que prohibe todo tipo de manifestación o protesta, la que es senalada como expresión de las guerrillas al interior del centro estudiantil.
Por lo menos 8 personas entre estudiantes y empleados han tenido que salir del país en los últimos dos meses, como producto de las amenazas de muerte que han recibido.
A través de varios años, en los diferentes municipios de Antioquia, se crearon y fortalecieron organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, que asistían a la población rural y urbana, frente a los atropellos que cometían las autoridades locales.
Durante los últimos cinco años, coincidiendo con el fortalecimiento del paramilitarismo en las diferentes regiones y la presencia de las Asociaciones CONVIVIR -hoy Comités de Defensa, Democracia y Vida- los defensores de derechos humanos se convirtieron en objetivos militares, y los que no fueron asesinados tuvieron que abandonar sus municipios.
Actualmente en Antioquia no existen defensores de derechos humanos con asentamiento permanente en pequenos municipios, pues la presencia paramilitar en las zonas urbanas no les permite estar allí, aunque soliciten protección ante las autoridades civiles o de Policía.
Consideramos que el compromiso del gobierno manifestado en su "Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos" referido a la protección de los defensores, debe concretarse mediante medidas efectivas, que garanticen la labor de denuncia y promoción de las pequenas organizaciones creadas en los municipios y pueblos, a través de órdenes impartidas a las autoridades civiles, militares y de policía para que se garantice el libre ejercicio de su labor.
Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez"
