LOS PARAMILITARES SIGUEN ASESINANDO SISTEMÁTICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO COLOMBIANO DEL META A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

La Corporación Reiniciar denuncia el asesinato sistemático de defensores y defensoras de Derechos Humanos que los paramilitares están perpetrando en el departamento colombiano del Meta, especialmente desde que se terminó la Zona de Distensión y entró el Ejército en gran parte de lo que fue esa Zona.

 

El ejemplo más claro de esta dramática situación lo constituye el caso del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta: desde que obtuvo su personería jurídica en 1992, los paramilitares han asesinado a 45 de sus miembros. La responsable actual del Comité y miembro fundadora de éste, Islena Rey, (que dispone de medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) es la única superviviente a esta persecución. Parte de esas medidas de protección son dos escoltas, asignados a la sra. Rey por el estatal Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Pero en vez de ser una garantía para su protección, los mencionados escoltas se han convertido en el enemigo con el que Islena tiene que convivir, pues –obligados por el propio DAS- ambos detallan periódicamente por escrito a ese Departamento absolutamente todas las actividades que realiza, lugares que visita y personas con las que se reúne esta defensora de Derechos Humanos.

 

Otro grave problema es que el Comité Cívico aglutina numerosas organizaciones sociales, sindicales, campesinas y de la Iglesia católica. Por esta razón, todas las personas que, valerosamente, siguen trabajando a favor de los Derechos Humanos en el Meta al amparo de estas organizaciones están poniendo también diariamente sus vidas en altísimo riesgo.

 

El último de ese goteo de asesinatos a defensores -que el Gobieno de Uribe Vélez no parece considerar anormal o grave sino todo lo contrario- tuvo lugar el pasado martes 12 de agosto: Reinaldo Perdomo, miembro fundador del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y desplazado de la región del Alto Ariari, fue baleado por paramilitares en Villavicencio (Meta).

 

Reinaldo Perdomo llegó ese día, alrededor de las 8.30 p.m., a su casa, en el popular barrio de Ciudad Porfía, a las afueras de Villavicencio, después de haber participado en una reunión del Comité de Desplazados y Víctimas de la Violencia del Meta. Como tenía por costumbre, saludó a su familia, se cambió de ropa y se sentó a comer. En el momento en que se disponía a empezar su comida, le avisaron de los billares de enfrente de su casa porque tenía una llamada en el teléfono público que hay en ese negocio.

Reinaldo cruzó la calle y agarró la bocina pero ya no llegó a tiempo a responder la llamada: un individuo que se hallaba en el mismo local –según algunos testigos, joven y rubio- le descerrajó tres tiros en la cabeza, salió caminando tranquilamente a la calle y desapareció. Reinaldo Perdomo, de 60 años, murió instantáneamente.

 

Reinaldo era uno de los miembros más antiguos del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Durante nueve años lideró el Comité en los municipios del Alto Ariari, la tierra donde se formó como defensor de Derechos Humanos.

El perfil de Reinaldo es el que tanto parece molestar a este Estado desde hace décadas: indígena, campesino, militante comunista y líder social nato. Sus amigos y compañeros hablaban de él, tras su vil asesinato, con admiración y cariño, recordando su sensibilidad hacia los más desfavorecidos por el Estado. Con ellos trabajó desinteresadamente desde siempre para tratar de paliar su desaventajada situación.

Reinaldo fue perseguido toda su vida por la violencia estatal y paraestatal. Hace un año y medio fue desplazado de la vereda La Esmeralda, municipio del Castillo, debido al violento accionar del batallón 21 Vargas del Ejército, que viene realizando desde entonces varios operativos en la zona. Nadie se explica por qué, a pesar de esto, la presencia paramilitar es apabullante en El Castillo, Puerto Esperanza, El Dorado, Medellín del Ariari y muchos otros municipios del Alto Ariari desde que terminó la Zona de Distensión.

Por todo lo expuesto, les solicitamos que envíen cartas a las direcciones más abajo indicadas, exigiendo al Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez que:

 

1.	Realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Reinaldo Perdomo y que, posteriormente, haga públicos los resultados de la misma para que sobre sus autores intelectuales y materiales se apliquen las sanciones que contempla la Ley.

 

2.	Garantice la vida y la integridad psicológica de los defensores de Derechos Humanos que siguen trabajando en el Meta, a pesar de la constante amenaza estatal y paraestatal a la que se ven sometidos cada día de su vida.

 

 

Villavicencio (Meta), agosto 22 de 2003.