INFORME EJECUTIVO 28

Consejo Comunitario Jiguamiandó y 9 Consejos Comunitarios de Curbaradó

 

En Actuación Militar Encubierta

ASESINADO AFRODESCENDIENTE CARLOS SALINAS BECERRA

 

"Los soberbios me esconden sus lazos, y tienden sus trampas como redes;

junto al camino me ponen tropiezos. Dije al Señor: Tú eres mi Dios, Señor,

oye la voz de mi suplica. No concientas en los deseos del malvado, no

permitas que se desarrollen sus planes" (Salmo 140)

 

 

No cesa las actuaciones de persecución sistemática, de aniquilación y de

exterminio de la población afrodescendiente del Jiguamiandó y del Curbaradó

que han propuesto al Estado Colombiano el respaldo a su propuesta de Zonas

Humanitarias, la respuesta en el Derecho a la Verdad y a la Justicia, y el

Cese en la implementación de la siembra de Palma Aceitera.

 

A las 9:00 horas, aproximadamente, del día de hoy fue asesinado CARLOS

SALINAS BECERRA, de 38 años de edad, afrodescendiente del Consejo

Comunitario de Puerto Lleras, por "civiles" armados dentro de la estrategia

militar encubierta de tipo paramilitar en el punto conocido como "Sapayal",

aguas abajo margen derecha sobre el río Jiguamiandó, distante a 15 minutos

del lugar provisional en donde se encuentra la comunidad de "Nueva

Esperanza".

 

Hacia las 6:00 horas CARLOS con su hijo de 11 años de edad, se trasladó a

pie hasta "Sapayal" en donde habían dejado una pequeña embarcación de

madera "champa" y sus artes de pesca.

 

A las 9:00 horas, aproximadamente, los habitantes de Puerto Lleras

escucharon varios tiros de arma larga.

 

CARLOS y su hijo se encontraban recogiendo el trasmallo, los armados

disparan desde la orilla derecha aguas abajo del Jiguamiandó. Luego del

primer tiro CARLOS les grita a los "civiles" armados vestidos de camuflado

de la estrategia militar encubierta: "No me maten". Los paramilitares le

responden: "Te vamos a matar, h.p guerrillero" y disparan de nuevo

impactando el pecho de CARLOS SALINAS. Segundos después le ordenan a su

hijo irse del lugar. El menor de edad cruzó a nado a la otra orilla del río

buscando a su familia y a los integrantes del Consejo Comunitario de la

comunidad de Puerto Lleras, mientras escuchaba más tiros, a donde llegó con

miembros del Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo.

 

Hacia las 12:40 horas, misioneros de la iglesia católica y voluntarios

acompañantes de nuestra Comisión Justicia y Paz se trasladaron al lugar

de los hechos, metros más abajo encontraron el cuerpo sin vida de CARLOS

SALINAS con cinco perforaciones en su cuerpo - pierna y hombro derecha,

abdomen y espalda - producidas por arma de fuego.

 

El cuerpo de CARLOS fue encontrado boca abajo, al parecer fue llevado por

la corriente del río unos metros del lugar a donde fue impactado.

 

En nuestro anterior Informe Ejecutivo IE 27, dejamos en conocimiento

público el ingreso, el pasado 4 de julio, de paramilitares buscando a

CARLOS SALINAS al lugar en donde se encuentran los habitantes de Puerto

Lleras. El afrodescendiente, el 5 de enero pasado, fue retenido por los

paramilitares junto con su esposa, dos de sus hijos menores de edad y un

vecino, horas antes de la primera incursión al lugar en donde en ese

momento se encontraba la comunidad de Puerto Lleras.

 

CARLOS SALINAS se encontraba cobijado con Medidas Provisionales resueltas

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde marzo pasado.

 

Mientras se produjo este daño irreparable a la vida e integridad personal

de CARLOS SALINAS y contra el colectivo afrodescendiente, una agencia de

Naciones Unidas, la ACNUR y funcionarios de la registraduría se encuentra

en la cuenca del Jiguamiandó adelantando una campaña de cedulación; así

como misioneros de la iglesia católica y de organismos humanitarios de

Derechos Humanos del Canadá.

 

 

Persiste la ofensiva armada encubierta de tipo paramilitar a las orillas de

la Cuenca del Río Jiguamiandó en donde se encuentran en situación de

desplazamiento interno dentro del Territorio Colectivo, 9 comunidades

afrodescendientes del Curbaradó y 19 del Jiguamiandó. Desde octubre del año

pasado las comunidades han estado sometidas a una nueva ofensiva que por el

modo de su realización en términos de sus mecanismos y móviles expresan una

persecución sistemática de exterminio.

 

Desde octubre del 2002 se han producido 4 asesinatos -entre ellos un menor

de edad -, 7 desaparecidos forzados, 2 desplazamientos colectivos, 13

incursiones armadas, 10 retenciones colectivas, 27 amenazas, 12 saqueos de

bienes, 3 intimidaciones armadas que comprometen la responsabilidad del

Estado en tanto se han desplegado desde la bases paramilitares de

Pavarandó, Urada, Mutatá que se encuentran a escasos metros y pocos

segundos de las cuerpos militares o de sedes policiales o de lugares

permanente de presencia de las fuerzas regulares.

 

Al tiempo de estas actuaciones de persecución que han arrojado más de un

centenar de violaciones de derechos humanos desde 1.996 y que se hicieron

sistemáticas desde la Operación "Génesis" al mando del General RITO ALEJO

DEL RIO, en febrero de 1.997 se mantiene el bloqueo económico por el eje

bananero Chigorodó, Mutatá, Pavarandó y por el río Atrato desde Turbo

pasando por Riosucio, Tumaradó, Carmen del Darién, y Bellavista.

 

Las estrategias militares abiertas y encubiertas que comprometen la

responsabilidad del Estado por ACCION y por OMISIÓN de agentes de la

Brigada XVII y de la Policía de Urabá, y las responsabilidades individuales

 también como COMISION POR OMISIÓN han estado orientadas contra la

Población Civil.

 

El pretexto de la presencia de las FARC EP en las zonas medias y altas

montañosas se ha utilizado como argumento para justificar lo

injustificable, para legitimar la destrucción de la vida. El argumento

militar ha pretendido ocultar las causas del desplazamiento y de las

violaciones sistemáticas de derechos humanos la extensión, la ampliación y

el aseguramiento de la agroindustria de la Palma Aceitera de modo ilegal en

territorios titulados colectivamente.

 

A través de los Consejos Comunitarios los pobladores de Curbaradó y

Jiguamiandó afirman su Derecho a la Vida y al Territorio basados en el

ejercicio de los Derechos consagrados en la legislación interna y el

Derecho Internacional. Sin el uso de la fuerza, sin la participación en las

hostilidades de los actores en confrontación armada (Estado y Guerrilla)

construyen su derecho a la existencia negándose a las nuevas formas de

esclavitud y desarraigo que se pretende imponer con la apropiación ilegal

del Territorio a través de la expansión agroindustrial vinculados a la

Palma Aceitera. el desarrollo de estrategia militar regular y encubierta se

focaliza sobre la población afrodescendiente.

 

No cesa la persecución contra los afrodescendientes quiénes perciben un

incumplimiento sistemático del Estado colombiano a las medidas

provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

desde marzo pasado.

 

Mientras el Estado civil dilata la respuesta a la propuesta de Zona

Humanitaria avanza la destrucción y los daños irreparables de las

comunidades afrodescendientes

 

Mientras el Estado dilata la respuesta al Cese de la implementación de la

Palma Aceitera avanza la militarización en los territorios colectivos

protegiendo su implementación.

 

Mientras se celebrara la Pre Mesa de donantes en Londres esta, como, otras

iniciativas de ejercicio de derechos integralmente concebidos que

reconstruyen el Estado de Derecho y ejercicios de democracia participativa

en medio de la confrontación armada entre el Estado y la Guerrilla siguen

siendo desconocidas, cuando no deslegitimadas, cuando no sitiadas

humanitaria, moral y políticamente

 

 

 

Bogotá, D.C. julio 07 del 2003

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ